Descripción del problema
El acceso a la vivienda en Canarias enfrenta una grave crisis, originada por un evidente y profundo desajuste estructural entre una demanda en constante crecimiento y una oferta incapaz de satisfacer las necesidades del mercado. Este desequilibrio ha derivado en un incremento sostenido de los precios de compra y alquiler. Entre los factores que explican el auge de la demanda, destaca el aumento de nuevos hogares locales, formados por personas jóvenes, el incremento de hogares unipersonales así como el elevadísimo número de turistas que reciben las islas anualmente que restringe aún más la oferta.
La oferta de viviendas está limitada por diversas barreras. Entre ellos, la insularidad es un factor estructural que impone restricciones tanto físicas como normativas. El territorio disponible para la urbanización es escaso, y una gran parte de las islas está protegida bajo legislaciones medioambientales, lo que restringe considerablemente la expansión del suelo urbanizable, pero tampoco se incentivan políticas que impulsen la construcción de nueva vivienda allí donde se necesita.
Otro factor que dificulta la respuesta del mercado es la gestión burocrática. Los procesos administrativos para la aprobación de proyectos urbanísticos son largos y complejos, lo que ralentiza la construcción de nuevas viviendas.
Así mismo, sin un transporte eficiente ni infraestructuras suficientes capaces de soportar el tráfico insular que conecten zonas periféricas con los principales núcleos urbanos, ni acceso a servicios básicos como sanidad y educación, estas zonas carecen del atractivo necesario para convertirse en alternativas viable las ciudades, generando una concentración de la demanda en las ciudades principales, como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, donde los precios ya son altos debido a la saturación del mercado.
La implementación de soluciones centradas en resolver el problema de raíz, dejando de lado ideologías, eslóganes políticos vacíos, así como gobernar atendiendo a las necesidades del pueblo, es crucial para solventar estos problemas (y desde luego no hacer nada empeorará la situación). Sin facilitar el acceso a la vivienda, las islas no podrán mantener su talento, ni su competitividad, ni atraer inversión, ni diversificar su economía más allá del turismo.
Propuesta de solución
Lejos de introducir topes a precios y regulaciones que restrinjan aún más la oferta de vivienda, es crucial aumentar la disponibilidad de vivienda allí donde sea necesaria, atrayendo y fomentando la inversión público-privada, además de implementar otras medidas complementarias. Para ello, se proponen 2 acciones:
1. Aumentar la disponibilidad de suelo urbanizable y mejora de la infraestructura
Para incrementar la oferta de viviendas, es clave habilitar terrenos infrautilizados, como solares abandonados, zonas industriales en desuso o áreas degradadas, reconvirtiéndolos en espacios residenciales. Esto requiere incentivos específicos y políticas urbanísticas que prioricen la construcción de vivienda y la implementación de estas transformaciones
Asimismo, resulta esencial fomentar el desarrollo de vivienda en municipios periféricos y áreas rurales, asegurando que estas zonas dispongan de las infraestructuras necesarias, como servicios básicos y un transporte público eficiente que conecte adecuadamente estas áreas con los principales centros urbanos, haciéndolas más atractivas para los residentes.
Por otro lado, es indispensable abordar los problemas de congestión de tráfico en las principales islas, mejorando la red vial y el transporte público. Estas medidas facilitarían la conexión entre las áreas residenciales y los núcleos urbanos, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
2. Agilizar los trámites burocráticos
La agilización en los procesos administrativos es fundamental para acelerar el desarrollo del mercado de vivienda. La creación de una ventanilla única para gestionar los permisos urbanísticos, junto con la digitalización completa de los trámites, permitiría reducir significativamente los tiempos y costes relacionados con la aprobación de nuevos proyectos e incentivar a los promotores a desarrollar más viviendas.