Descripción del problema
En la actualidad la vivienda en Canarias está suponiendo un grave problema que afecta a los residentes en las islas, pero sobre todo a los jóvenes canarios. La falta de acceso a una vivienda asequible es un tema que preocupa cada vez más si miramos hacia el futuro, provocando una ansiedad precoz ante la inestabilidad de la situación. El elevado precio de los alquileres, las dificultades para obtener una hipoteca y el alto impacto del turismo que recibimos en las islas son varios elementos que dificultan el acceso a la vivienda para la población canaria.
Además, uno de los desafíos más significativos es el elevado coste de la vivienda, ya sea en la compra como en el alquiler. Esta situación se agrava ya que Canarias es la región con los sueldos más bajos de España, donde el alquiler en las principales ciudades supone más del 60% del salario. Mientras que, para los jóvenes es casi inalcanzable la compra de vivienda ya que tanto los intereses hipotecarios como los impuestos asociados a la adquisición del inmueble son muy elevados.
Otro punto que destacar es el incremento exponencial de las viviendas vacacionales enfocadas al turismo. Si bien este modelo genera ingresos considerables, también disminuye el número de viviendas disponibles para la población local, generando una competencia desigual entre el uso residencial y el uso turístico. Esto ocurre en un escenario en el que el turismo continúa siendo el eje central de la economía de Canarias, con millones de turistas anuales, lo que incrementa la carga sobre las infraestructuras y servicios fundamentales. Una dificultad añadida es la acumulación de propiedades por parte de los grandes tenedores, que se enfocan en el modelo de negocio de vivienda vacacional, lo que limita en mayor medida la cuota de mercado a los residentes en las islas y fomenta la crisis de acceso a la vivienda.
Propuesta de solución
Es por ello que proponemos, como mejora a la situación del mercado de la vivienda en Canarias, facilitar el acceso a la vivienda digna en propiedad para aquellos ciudadanos canarios (requisito ser residente) que compren su primera vivienda, incentivando así la adquisición de propiedades a un precio moderado. Para llevar a cabo esta acción planteamos una reducción significativa de impuestos en la adquisición de la primera vivienda, siempre que esta cumpla con los requisitos de ser una vivienda digna y no ostentosa. La Reducción afectaría al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), reduciéndolo a un tipo de gravamen entre el 0% y el 5% para viviendas que no superen un precio determinado, y reducción del IGIC para viviendas de primera mano, no exentas. Además de ofrecer beneficios fiscales a aquellos compradores de viviendas antiguas o en mal estado que opten por rehabilitar y adaptar a los estándares de vivienda digna. Fomentando también la colaboración con entidades financieras para ofrecer condiciones preferentes.
Asimismo, se debe ofrecer una definición clara de “vivienda digna” (aquella que sea eficiente energéticamente, accesible y adecuada para el modelo de familia) en la que se excluyan las viviendas de lujo. Esto se tendrá que demostrar frente al personal encargado, con planos si fuera necesario, para aprobar la obra y ser comprobado posteriormente.
Con este proyecto se pretende que un mayor número de familias puedan acceder a una vivienda sin tener la necesidad de sobrecargar sus finanzas. Especialmente relevante para los jóvenes y las personas de clase media que hoy se ven excluidas del mercado inmobiliario, viéndose obligados a tener un alquiler compartido o no poder independizarse hasta tener una avanzada edad. Además, el estímulo a la compra impulsará la actividad en el sector de la construcción y, como consecuencia, esto reducirá la presión sobre el mercado en los alquileres. Al promover esto, se aliviará la alta demanda en los alquileres y por ende los precios bajarán, para que de igual modo aquellas personas que vengan de fuera y no tengan la condición de residentes para acogerse a esta propuesta o no tengan la intención de comprar una vivienda, también puedan instalarse aquí sin tener que pagar precios abusivos.
En conclusión, creemos que la vivienda es un derecho fundamental, y garantizar el acceso a la vivienda es clave para el bienestar socioeconómico de la región.