Descripción del problema
El acceso a una vivienda asequible se ha convertido en un desafío para muchas familias y jóvenes en
Tenerife.
La demanda de viviendas aumenta constantemente, pero los precios tan altos dificultan el acceso a un
hogar digno. Esta situación genera una gran presión sobre los ciudadanos, afectando negativamente su
bienestar. La falta de opciones causa estrés, frustración y ansiedad, especialmente entre los jóvenes
que se sienten atrapados, pues su independencia parece cada vez más lejana.
Actualmente, muchas viviendas permanecen vacías, mientras que otras son ocupadas ilegalmente, lo
que genera tensiones en la sociedad. Además, existen numerosos edificios e infraestructuras de
millones de euros que no se han terminado o están abandonados, sin utilizarse para el propósito por el
que fueron concebidos. Esto genera emociones desfavorables como frustración entre la población, que
siente que el dinero público se desperdicia y no se benefician ni siquiera quienes más lo necesitan.
Por otro lado, obtener una hipoteca se ha vuelto cada vez más difícil. Los requisitos son estrictos y
han hecho que los préstamos sean impensables para muchas personas.
A pesar de que el salario mínimo ha subido en 2024, el aumento en los precios de bienes esenciales
como la cesta de la compra ha empeorado aún más la situación. Esto incrementa las dificultades para
que los ciudadanos puedan ahorrar lo suficiente para acceder a una vivienda propia.
Todo esto contribuye a una creciente desigualdad, ya que las oportunidades de tener una vivienda
digna parecen cada vez más limitadas para los sectores más vulnerables. La calidad de vida de muchas
personas en la isla se ve afectada por esta situación.
Hay que recalcar que la vivienda digna no es un lujo, sino un derecho fundamental que debe estar al
alcance de todos.
Propuesta de solución
– Incentivos de Responsabilidad Social: Crear programas de alquiler social con condiciones
flexibles para familias vulnerables. Bancos y propietarios pueden ofrecer precios accesibles
a cambio de beneficios fiscales, lo que podría mejorar el acceso a viviendas dignas sin
afectar la rentabilidad de los tenedores.
– Colaboración entre Entidades Públicas: El gobierno, el cabildo y los ayuntamientos podrían
unirse para desarrollar proyectos comunes de viviendas sociales. Compartir los riesgos y
beneficios permitiría una mejor gestión de recursos y una distribución más equitativa de las
viviendas.
– Rehabilitación de Viviendas Abandonadas: Aprovechar los edificios vacíos para
rehabilitarlos y destinarlos a viviendas sociales.
– Incentivos Fiscales: Ofrecer ventajas fiscales a los grandes propietarios que destinen un
porcentaje de sus viviendas al alquiler asequible.
– Regularización de Viviendas Vacacionales: Regular el uso de viviendas turísticas para
orientarlas a alquileres residenciales a largo plazo.
– Identificación de T errenos: Identificar los terrenos municipales o privados y destinarlos a la
construcción de viviendas para familias vulnerables.
– Viviendas para Estudiantes: Fomentar la construcción de residencias para estudiantes, lo
que aliviaría la presión sobre el mercado de alquiler y ayudaría a los jóvenes a acceder a
viviendas accesibles cerca de sus centros educativos.
– Viviendas para familias vulnerables: construcción de viviendas para las familias que más la
necesitan