Descripción del problema
La disponibilidad de viviendas asequibles en Canarias es un problema crítico debido a la alta demanda turística y la transformación de viviendas residenciales en alojamientos vacacionales. Esto ha generado escasez de viviendas disponibles para residentes locales, el incremento significativo en los precios de alquiler y dificultades para que jóvenes, familias y trabajadores accedan a una vivienda adecuada.
Esta problemática causa estrés y frustración. Aumentan cada día el descontento de las personas, ya que los propietarios imponen condiciones estrictas, se agrandan las ciudades, suben constantemente los alquileres y se destinan más viviendas al turismo, mientras que escasea la infraestructura habitacional.
Lo anterior contrasta con lo que ven a su alrededor: arriendos por habitación para estudiantes como único lugar accesible, viviendas en pésimas condiciones, capitales superpobladas, la presencia de okupas cada vez más numerosa y barrios en que se destruye la esencia para convertirse en turístico. Frente a esto, varios opinan que se deben tomar medidas de inmediato, como la regularización de las viviendas de extranjeros, el ordenamiento de los precios de alquiler y la limitación de la transformación de viviendas de residencia en residencias vacacionales.
Además, existen otras consecuencias como por ejemplo; vivir en las afueras implica que exista un gasto adicional, tiempo valioso gastado y que las viviendas que pueden pagar, están en condiciones inadecuadas.
En este sentido, las expectativas se formulan claramente: la población afectada exige tener mayor disponibilidad de viviendas a precios más asequibles, y que la cuestión de garantizar la vivienda propia prioritaria sea abordada. La población local busca que la ambición para impulsar el desarrollo económico por el turismo no constituya una amenaza a su bienestar, sino un sólido punto de partida justo y duradero hacia el futuro en Canarias.
Propuesta de solución
La propuesta consiste en dar bonificaciones fiscales a aquellos propietarios que alquilen su vivienda a residentes locales mediante contratos de larga duración (mínimo 3 años) ,a precios ajustados a los índices de referencia establecidos por las administraciones públicas.
– Estos ingresos por alquileres quedarían exentos del 80% del IRPF si el contrato cumple las condiciones.
– El beneficio será mayor viviendas alquiladas a colectivos prioritarios (jóvenes, familias numerosas, etc).
– Los propietarios pueden recibir una bonificación de hasta el 50% del IBI si acreditan que la vivienda está ocupada bajo contrato residencial.
Aunque inicialmente la propuesta implica una reducción en la recaudación fiscal, los ingresos a medio y largo plazo compensarán esta disminución:
– Aumento en la recaudación formalizada: Muchas viviendas se regularizarán para acogerse a este incentivo, esto hará crecer la recaudación. También influirá en el control de la economía sumergida, lo cual permitirá la reducción de la evasión fiscal.
– Reducción de los costes sociales: Aumentar la oferta de viviendas asequibles, reduce la presión sobre los programas de ayudas al alquiler, los subsidios y las ayudas sociales.
– Mercado inmobiliario equilibrado y sostenible: Se reducirá la desigualdad en el acceso a la vivienda, mejorando la estabilidad económica y social.
– Turismo de calidad: Promover que los turistas se alojen en hoteles, priorizaría un modelo turístico con mayor capacidad de gasto, incrementara el gasto medio de los turistas. Ésto generará un mercado de inmuebles equilibrado y sostenible.
La viabilidad económica de la propuesta se puede analizar en tres plazos clave:
– Corto plazo: Habrá una reducción de la recaudación fiscal y un gasto para promocionar el programa.
– Medio plazo: Incrementará la recaudación de impuestos gracias a la regularización del mercado de alquiler; también reducirá el gasto público en programas de emergencia habitacional y ayudas sociales.
– Largo plazo: Reducirá la desigualdad en el acceso a la vivienda y mejorará la estabilidad económica y social.
La iniciativa beneficia a propietarios, inquilinos y administraciones, fomentando un mercado regulado, reduciendo la presión en zonas residenciales y preservando su identidad, mientras fortalece un turismo enfocado en alojamientos regulados y visitantes de mayor poder adquisitivo.